Asociación USIT

Biodiesel de soja argentina; bioetanol de caña de azúcar brasileña, hidrobiodiesel de aceites de palma malayo. Los biocombustibles que se utilizan en el Estado español proceden en gran medida de productos alimentarios llegados de fuera, tal y como confirma un reciente informe de la Comisión Nacional de Energía. Los datos indican que no se trata de un modelo sostenible y que, además, resulta mucho más contaminante de lo que se calcula hasta ahora. Esas y otras cuestiones se debatirán en unas jornadas sobre biocombustibles organizadas por Ecologistas en Acción.

“El informe anual sobre el uso de biocarburantes en España en 2011” apunta a un aumento significativo en el uso de este tipo de combustibles que confirma la alta dependencia de productos agroalimentarios importados principalmente de Sudamérica y el Sudeste asiático. Argentina, Indonesia, Brasil o Malasia figuran entre los países originarios de materias primas alimentarias. La aportación de materias primas españolas a la producción de esos biocarburantes fue baja: un 4,5% en el caso del biodiesel, un 27% en el del bioetanol.

Mención especial requiere el hidrobiodiesel, que alcanzó el 4% de las ventas de biocombustibles en el Estado español en 2011. Se presenta como un agrocarburante de segunda generación, es decir que no requiere el uso de suelos fértiles para su producción. El origen de este producto, aceites de palma de Malasia e Indonesia, desmiente esta afirmación. Resulta urgente plantear la sostenibilidad de un modelo con graves efectos a varios niveles. Los biocombustibles se producen, en buena medida, a partir de materias primas que servirían para alimentar a poblaciones locales; o que se producen en tierras fértiles donde se podrían cultivar esos alimentos.

En estos casos, los productos ahora destinados a agrocombustibles deben cultivarse para satisfacer las necesidades de alimentación y otras industrias por lo que requieren la roturación de suelos no agrícolas para su cultivo. Se trata de los llamados Cambios Indirectos en el Uso de Suelo (ILUC, por sus siglas en inglés) y producen importantes emisiones de gasers de efecto invernadero (GEI) que las autoridades españoles y europeas no tienen en cuenta hasta la fecha. “De acuerdo a estudios científicos, las emisiones vinculadas a los ILUC de cultivos como la soja o la palma, pueden generar más cambio climático incluso que la quema de algunos combustibles fósiles”, afirma Abel Esteban, de Ecologistas en Acción. Por ello, la organización cuestiona la reducción de gases de efecto invernadero asignada al mercado español de agrocombustibles, que la Comisión Nacional de Energía establece en un 40%.

A esa laguna en las exigencias medioambientales exigidas a los biocarburantes se suma la moratoria indefinida al cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para los biocombustibles establecidos en el real decreto 1597/2011. La moratoria, aprobada recientemente por el Gobierno español anula la reducción obligatoria de las emisiones GEI con respecto a los combustibles fósiles (35% en la actualidad, 50% para 2017) e invalida la prohibición del uso de materias primas procedentes de bosques primarios, prados, pastizales, humedales y turberas.